De acuerdo al documento de 79 cuartillas, la creación de la polémica Guardia Nacional, por la participación del Ejército y la Marina, será pilar de la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz, “ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”.
Estas circunstancias llevan a proponer que, sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial del país -incluidos su espacio aéreo y el mar patrimonial-, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre, nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional”, establece el texto.
La idea es que esta nueva corporación estreche los lazos entre los militares y la población, y permita emplear todo el potencial de los institutos castrenses -desde la informática y la ingeniería hasta la cartografía, pasando por la industria militar y naval-, para enfrentar los altos niveles de violencia que hay en el país, que no se veían desde la Revolución Mexicana, y que nos cuesta el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sentará un precedente de gran trascendencia mundial.
A la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, funciones de primer respondiente, proximidad social, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos”, indica.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública señala que la Guardia Nacional tendrá un mando superior civil adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien presidirá el órgano de mando estratégico y táctico, que consistirá en una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de la dependencia, Defensa Nacional y Marina.
Se propone como una institución de carácter mixto o intermedio, esto quiere decir que si bien será un órgano con mando civil, sus integrantes tendrán entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que permitirá contar con una institución mucho más disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia”, agrega.
El eje estratégico número cinco que se refiere a reformular el combate a las drogas advierte que “la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible”, por lo que es necesario levantar la prohibición de algunas de estas sustancias.
Las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y el consumo, regulado o no, de ciertos antidepresivos y somníferos”, considera.
En contraste, advierte que el combate al comercio y consumo de ‘crystal’ tendrá la mayor prioridad como problema social de salud pública y de seguridad, dada la violencia que su consumo genera.
La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral (con Estados Unidos) los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas -másicos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación.
Información de excelsior.com.mx