Si bien el plan eléctrico a largo plazo presentado la semana pasada ofrece algunos espacios nuevos para el sector privado, es probable que los inversionistas sean cautelosos a la hora de comprometerse con nuevos proyectos.
Sheinbaum se apega al objetivo fijado por su predecesor Andrés Manuel López Obrador de que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministre al menos el 54% de la demanda de electricidad del País, al tiempo que limita a los generadores privados al 46%.
La CFE perdió participación de mercado bajo la reforma energética del 2013, que abrió las industrias eléctrica y petrolera a una mayor inversión privada y extranjera.
Pero con la supermayoría del Congreso ganada en las elecciones de junio, el partido gobernante Morena y sus aliados aprobaron recientemente un cambio constitucional que libera a la CFE de la obligación de competir con generadores privados para colocar electricidad en la red nacional.
Aunque comparte los puntos de vista nacionalistas de López Obrador en materia de energía, Sheinbaum pone mayor énfasis en las energías renovables, que se espera que representen gran parte de la capacidad de generación adicional y requerirán participación privada.
«Hay una aceptación tácita de que el Gobierno no tiene suficientes recursos para hacerlo todo», dijo Víctor Ramírez, socio de la consultora Perceptia21 Energía.
El plan eléctrico de la Administración Sheinbaum pide que la CFE invierta 23.4 mil millones de dólares entre el 2024 y el 2030, incluyendo 12.3 mil millones de dólares para agregar 13 mil 24 megawatts de capacidad de generación, 7.5 mil millones de dólares para líneas de transmisión y 3.6 mil millones de dólares para la red de distribución.
Las empresas privadas de generación podrían agregar entre 6 mil 400 y 9 mil 550 megawatts de capacidad renovable con una inversión de entre 6 mil y 9 mil millones de dólares, de acuerdo con el plan.
Otros aspectos positivos del plan, dijo Ramírez, incluyen elevar de 0.5 megawatts a 0.7 megawatts la cantidad de electricidad que los hogares o pequeñas empresas pueden generar para uso propio sin permiso, y un programa para promover paneles solares en el norte del País, donde los hogares tienen altas facturas de electricidad por aire acondicionado. Permite nuevas sociedades público-privadas en generación, donde el Estado tendría al menos el 54% y los inversionistas privados hasta el 46%.
López Obrador buscó revertir gran parte de la reforma energética del 2013, pero careció de la mayoría de dos tercios necesaria en el Congreso para enmendar la Constitución. Los cambios que hizo a las leyes y reglamentos secundarios fueron bloqueados por los tribunales.
«Hoy, con la reforma constitucional, es factible volver a presentar esas leyes secundarias», indicó Sheinbaum en conferencia de prensa.
Sheinbaum, quien comenzó su mandato de seis años el 1 de octubre, está apostando a inversiones de nearshoring para impulsar el crecimiento económico del País, con planes para el desarrollo de 10 corredores industriales y 100 nuevos parques industriales que requerirán más electricidad, agua y demás infraestructura.
La forma en que responderán los inversionistas privados en energía -que pasaron años peleando contra la Administración López Obrador en los tribunales por cambios en leyes y regulaciones- podría depender en gran medida de las leyes secundarias que se redactarán a principios del próximo año.
«No creo que la visión sea pesimista. Hay un optimismo cauteloso entre la comunidad inversionista internacional», señaló Robert da Silva Ashley, co líder regional para América Latina de la firma de abogados DLA Piper.
El plan es «cautelosamente ambicioso», afirmó. «Cumple los requisitos en términos de las áreas clave que México necesita, no sólo durante el próximo sexenio, sino incluso para mantenerse al día».
También se espera que las leyes habilitantes determinen cómo operará el mercado mayorista y cómo se le dará prioridad a la CFE sobre los generadores externos.
«Esa es la parte más delicada, porque no hay absoluta claridad sobre las reglas de despacho», destacó Rodolfo Rueda, socio en Holland & Knight. «De hecho, no veremos esto hasta que tengamos las reglas de despacho en las leyes secundarias».
El plan del sector eléctrico parece ser más amigable con los inversionistas que el de la Administración anterior, aunque la falta de seguridad jurídica probablemente limitará el interés de terceros, consideró Alejandro Schtulmann, director de la firma de investigación Empra.
«Con el reciente cambio constitucional para garantizar que la CFE sea el proveedor de electricidad dominante y tenga prioridad de despacho sobre todos los demás participantes, los inversionistas extranjeros y terceros probablemente aún dudarán en desarrollar proyectos de generación en México», dijo.