La suspensión se aplicará a una amplia gama de órganos jurisdiccionales, incluidos los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, Tribunales Colegiados de Apelación, y otros órganos especializados como los Centros de Justicia Penal Federal y los Juzgados de Distrito. También se verán afectados los Tribunales Laborales Federales y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Esta medida afectará de manera significativa la administración de justicia, ya que durante el período de suspensión se interrumpirán los plazos procesales para la tramitación de casos. La decisión de suspender las labores jurisdiccionales responde a necesidades operativas o administrativas no especificadas en el acuerdo, y su duración será determinada por la autoridad competente, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.
A pesar de la suspensión general, el acuerdo prevé excepciones para los casos urgentes. Los órganos jurisdiccionales deberán seguir observando las disposiciones pertinentes para garantizar la atención de asuntos que no admiten demora, tales como medidas cautelares o situaciones que requieran acción judicial inmediata.
Para los justiciables, esta suspensión implica que cualquier trámite o procedimiento pendiente será pospuesto hasta que se reanuden las actividades jurisdiccionales. Se recomienda a los interesados tomar precauciones y ajustar sus expectativas respecto a la tramitación de sus asuntos legales durante este período.
La suspensión también destaca la importancia de la previsión y preparación en el ámbito jurídico, subrayando la necesidad de que abogados y partes interesadas se mantengan informados y planifiquen en consecuencia para evitar contratiempos que puedan afectar el desarrollo y resolución de sus casos.