El Índice de Atracción de Inversión del Instituto Fraser considera la estabilidad regulatoria, seguridad, infraestructura, legislación laboral, claridad de las políticas, burocracia, percepción de riesgo político y disponibilidad de recursos materiales.
En 2023 calificaron a México con 36.5 puntos, a la vez que pasó del puesto 37 al 74 (el doble) en sólo un año, lo que ocurre con los cambios a la Ley Minera y la ausencia de una política pública que impulse al sector minero.
La inversión minera de 2023 en México totalizó 4 mil 960 millones de dólares, mayoritariamente en proyectos previamente planificados, representando una disminución de 5.8% interanual.
Según la Constitución, las actividades de extracción de minerales sólo pueden ser realizadas por el gobierno o, alternativamente, por personas naturales o jurídicas mexicanas, si se les otorga una concesión del gobierno.
La inversión extranjera, incluidas las participaciones mayoritarias, en empresas mineras mexicanas está permitida por las leyes mexicanas, con excepción de cualquier extracción de minerales radiactivos.
Según la Ley de Minería, las empresas privadas reciben concesiones para explorar por hasta 6 años y para explotar hasta 30 años, antes de la reforma era hasta 50 años, aunque con una prórroga pueden conseguir 25 años más.
La nueva Ley Minera permite que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al Servicio Geológico Mexicano, y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.