La condena fue celebrada parcialmente por la defensa particular a cargo de César Rivas y Diana Ruvalcaba, pues aunque no estaban de acuerdo con el fallo condenatorio, la sanción privativa de la libertad se apegó más hacia su solicitud que hacia la de la Fiscalía.
El juicio 204/2023 terminó de esa manera esta etapa, luego de dos meses de iniciado el juicio y 28 sesiones –según la agenda de audiencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado–, mayormente de desahogo de pruebas del Ministerio Público. No obstante, aún se cuentan con instancias de apelación para las partes, en caso de inconformidades con la sentencia o las sanciones impuestas.
La audiencia de individualización de sanciones inició con la etapa de desahogo de pruebas, en la que el Ministerio Público, la asesoría jurídica de las víctimas y la defensa particular se desistieron de comparecencias de peritos, víctimas y otros funcionarios que habrían valorado lo ocurrido entre octubre de 2021 y abril de 2022 a los hombres migrantes que fueron forzados a trabajar construyendo y remozando construcciones bajo amenazas de ser dejados en la calle en una ciudad que no conocían y de afectar sus procesos migratorios, pues todos buscaban ir a Estados Unidos a trabajar, luego de salir de países de Centroamérica en búsqueda de mejores oportunidades.
Luego, la Fiscalía expuso su solicitud de una pena máxima de 90 años de prisión (30 por cada víctima), aunado a una sanción económica de 150 mil días multa y un pago por reparación del daño de 59 mil 400 pesos. En un inicio, en que se contemplaba que eran seis víctimas (tres de las cuales luego decidieron no comparecer), se pidieron 180 años de prisión, 50 días multa y un pago de 96 mil pesos aproximadamente.
Por su parte, la asesoría jurídica pidió el pago de 72 mil 941 como compensación por las construcciones realizadas, valuada en ese monto por un funcionario del Consejo Estatal de Vivienda.
‘Aprendí a orar por ellos’
Tras estas solicitudes, el juez dio la palabra a Velia H. G., quien contó que ella también es migrante, que llegó a Juárez el 27 de mayo de 1999 y le advirtieron que Juárez era una ciudad peligrosa, pero encontró a personas cristianas que le enseñaron sobre el evangelio, y lo recibió.
Empezó a trabajar en la maquiladora, y luego les ofrecieron abrir un comedor infantil en Anapra, que luego se convirtió en Aposento Alto, que después se hizo un albergue para migrantes.
La pastora presumió que los mismos migrantes recomendaban el lugar con otros de los viajeros que llegaban a Juárez.
Aceptó que dentro del penal pasó momentos de ansiedad.
“Yo nunca había sabido que… que… (a las familias de migrantes) les daba mucho dolor y casi se desmayaban, imploraban. No sabía qué era eso, y desafortunadamente lo vine a conocer aquí. A mí también me ha dado”.
Además, sin intervención de ninguna parte contó sobre las víctimas: “algo muy bonito ahorita con estos muchachos, (es que) ellos hicieron sus trámites solos, ellos llamaron a una organización y ellos esperaron su llamada. Ellos no tenían por qué decir que yo los amenazaba con una lista porque simplemente es la lista local que yo tenía. Para mí ellos forman parte de mi familia. Aprendí a amarlos, aprendí a orar por ellos, que venían desesperados”.
En este momento, sus abogados le llamaron la atención y le pidieron cerrar su comentario. “Le doy gracias a Dios porque Dios nos dio fuerzas y fortaleza para poder estar ahí. Gracias a mi señoría por este tiempo que me dio para compartir un poquito. Gracias por cada una de ustedes que las vine a conocer en esta situación, que Dios me las bendiga, que Dios me los bendiga”, concluyó.
La conclusión del juez
Finalmente, el juez concluyó que serían 10 años y tres días la pena, puesto que la ley en materia de erradicación de la trata de personas no señala que las penas deban ser sumadas por cada víctima, por lo que aplicó la mínima de 10 años. Sin embargo, al existir una agravante porque hubo más de una víctima, la pena crece hasta en una mitad.
En este sentido, el juez recalcó que la ley prevé que la pena suba “hasta” en una mitad, por lo que puede ser menos, según su interpretación, por lo que el período adicional por agravante que impuso fue el mínimo considerado por el Código Penal Federal, que es de tres días.
Por otra parte, ordenó el pago por reparación del daño de 59 mil 400 pesos, que se dividirán en 22 mil 500 a dos de las víctimas y 14 mil 400 al tercero, para que acudan a 25 y 16 sesiones de terapia psicológica cada uno debido a las afectaciones emocionales entre moderadas y graves evaluadas por peritos en psicología.
El juez también dictó que la pena no incluye beneficio de condena condicional.