“Este dictamen tiene dañinas consecuencias. No perdamos de vista que estamos hablando de los mecanismos de nombramientos de magistradas y magistrados y los aplicadores de la Ley. Estas reformas amañadas del PAN dañan la independencia judicial, y a futuro también perjudican a la eficiencia judicial y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia para cualquier persona”, pronunció.
En voto particular, la legisladora señaló que el dictamen incumple con el principio de paridad de género, es por ello que la fracción parlamentaria de Morena sugirió incluir un transitorio donde se establezca que las futuras convocatorias deben de dar prevalencia a las mujeres, para lograr la paridad en el Pleno del TSJ en el plazo más corto, pues actualmente, el Poder Judicial cuenta con 20 magistrados y solo 6 magistradas.
“Insistimos en que son necesarias medidas compensatorias que garanticen la igualdad material a favor de la mujer, por la posición desventajosa en la que se han encontrado históricamente. Hay una desigualdad real en el Poder Judicial que requiere de acciones afirmativas fuertes que logren la paridad a corto plazo”, precisó.
Asimismo, Argüelles Díaz, acusó que no se seleccionarán los mejores perfiles ya que la redacción actual sólo abre la puerta a discrecionalidad por parte del Consejo de la Judicatura para que los exámenes no sean herramientas determinantes y que los cinco perfiles no tengan la mayor excelencia en los exámenes.
Ante el pleno, lamentó la ausencia de discusión y deliberación ciudadana en el proceso legislativo, ya que los legisladores se rehusaron a que se llevará a cabo un parlamento abierto. “Uno de los pilares de la democracia es la participación ciudadana, es una lástima que esta Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales haya negado este derecho 3 veces, en las que, por mayoría PRI y PAN, decidieron que no valía la pena consultar a las personas, abogadas y abogados, colegios, academia a la ciudadanía y en particular a quienes integran actualmente el poder judicial, jueces y juezas que pidieron expresamente la oportunidad de celebrar sesiones de parlamento abierto y que, como Comisión hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar sus inquietudes y las observaciones para fortalecer el Poder Judicial”, manifestó.
En este sentido, la congresista planteó el riesgo de una reducción de mayoría calificada a mayoría simple, porque ahora el Pleno del Congreso del Estado nombrará de entre las y los integrantes de la terna, a quien deba ocupar la magistratura provisional solo por la mayoría de diputadas y diputados presentes en la sesión respectiva, y no por las dos terceras partes como históricamente se ha hecho.
“Una vez más se reforma el Poder Judicial, para facilitar que los nombramientos sirvan como una herramienta para el intercambio de favores. Pareciera que como la reforma a la Constitución del 2022 está por declararse inconstitucional, están modificando de nuevo las normas para dejar los nombramientos de diciembre a salvo, y a su vez están implementando mecanismos para facilitar los dedazos en el nombramiento de magistraturas”, reiteró.
La integrante de la Comisión de Gobernación, recordó que la fracción parlamentaria de Morena presentó una acción de inconstitucionalidad, la cual está a días de resolverse y dada la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia le corrija la plana al Congreso —con probables efectos de revocar las magistraturas electas en diciembre—, ahora buscan reformar nuevamente la Constitución para que tenga nuevas normas válidas, y así dejar sin materia la acción de inconstitucionalidad.