En el estado de Chihuahua, precisó, hasta el pasado 6 de marzo se han realizado 370 mil 511 trámites para regularizar vehículos de procedencia extranjera, lo que ha generado recursos por 926 millones 277 mil 500 pesos.
En el país, dos millones 125 mil 279 vehículos han sido regularizados y la proyección es que la ampliación del decreto sumaría otros 500 mil autos legalizados, de los cuales 17% corresponderían a Chihuahua, de acuerdo con los datos históricos, sostuvo Moisés Morales.
Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, dijo, concentran el 58% de las regularizaciones.
El representante de los distribuidores de autos consideró que la ampliación del decreto hasta el próximo 1 de octubre se trata de una estrategia electoral e indicó que en las últimas semanas se ha exacerbado el contrabando de vehículos al introducirse unidades siniestradas declaradas pérdida total que cruzan de forma impune por los puentes fronterizos, “lo estamos viendo en Ciudad Juárez con mucha preocupación”, dijo.
Esto, agregó, es consecuencia de la permisividad presidencial para seguir regularizando el contrabando.
“Funcionarios aduanales, Guardia Nacional y empleados municipales se encuentran coludidos con los grupos de contrabandistas y del crimen organizado que los controlan para dejar operar libremente la introducción, venta y traslado al interior de los vehículos”, mencionó.
Apuntó que con la octava y más extensa ampliación del programa se incrementará la entrada de vehículos y la utilización de recursos originados en la corrupción para financiar las campañas políticas del oficialismo.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, expuso en un comunicado que la ampliación del decreto denota una vez más el fracaso del mismo, pues no han sido suficientes dos años para formalizar a todos los vehículos de contrabando que siguen entrando por la Frontera Norte en beneficio de las mafias que controlan su traslado y comercialización, además de la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales que no hacen nada por evitar su ingreso e incautación.
El presidente ejecutivo de la AMDA reiteró el impacto indirecto que esta disposición provoca en el mercado interno como la reducción de precios de hasta 20% o más en vehículos usados nacionales de mismo año-modelo a los regularizados, por lo que los propietarios desisten de venderlos afectando la cadena de la renovación vehicular de un usado por un seminuevo y de un seminuevo por uno nuevo.