Es desplazamiento forzado, en que una persona se ve obligada a salir de su localidad por razones ajenas a ella. En México, la mayoría de las personas desplazadas (el 35.5 por ciento) lo son por amenazas, seguido de extorsión (el 22.4 por ciento), violencia física y secuestros (respectivamente, 9.3 y 7.9 por ciento).
No obstante, también permean la violencia basada en género, el despojo de la propiedad, el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales para las actividades ilícitas, así como pérdida de medios de vida (trabajo), y la ruptura del tejido comunitario o de la estructura familiar, aunque en menor medida.
Ante el organismo internacional han llegado 841 familiares, correspondientes a dos mil 278 personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen, mayormente dentro de la República Mexicana, aunque también provenientes de Cuba, detalló personal de la ONG.
Durante su traslado esta población se enfrenta a dificultades que deben sortear por sí mismos o con apoyo de las autoridades. En México, la necesidad que se vuelve más difícil cubrir es la alimentación (el 26.1 por ciento de los encuestados por el Servicio concurrieron), seguido de la vivienda (19.8 por ciento) y los medios para sobrevivir (12 por ciento), que empata en tercer sitio con la seguridad.
También se vuelve difícil trabajar temas de salud mental y apoyo psicosocial, el transporte, la salud, el agua y el saneamiento, así como la comunicación.
Todos los usuarios del Servicio, sin excepción, mencionaron que en caso de regresar a su lugar de origen correrían riesgos asociados con los que tenían al momento de verse obligados a partir.
Por esta razón, los jesuitas en coordinación con entes de gobierno, sociedad civil y empresariado han impulsado conversatorios para definir acciones en materia de seguridad, salud, trabajo y documentación, como la Mesa de Hospitalidad para Población en Migración Forzada, realizada recientemente.
Personal del SJR detalló que, por ejemplo, con el empresariado se pidió atender de manera más puntual lo relacionado con el trabajo, como contribuir a que las personas en contexto de movilidad accedan de manera más fácil a su registro ante el Servicio de Administración Tributaria para que puedan empezar a trabajar formalmente, así como en sus trámites ante instituciones bancarias y en los pagos de nómina.
Por otra parte, los entes gubernamentales deben realizar las gestiones necesarias para promover la expedición de documentación oficial que legalice la estancia de este grupo en situación de vulnerabilidad.
Las propuestas resultantes de la mesa de trabajo serán expuestos por una Red Nacional por la Paz, conformada desde septiembre, ante el Gobierno federal para su consideración en la elaboración de políticas públicas, señaló el personal de la organización.