Un apartado con las sugerencias legislativas y otro con la descripción de la muestra del gasto público auditado se incluyen dentro del documento que fue recibido por la presidenta de la Comisión de Fiscalización Leticia Ortega Máynez.
Como resultado a la labor se tuvieron mil 723 observaciones, entre las más relevantes y recurrentes: el rezago en el cobro de impuesto predial, falta de investigación de mercado, excepciones a la licitación pública no justificadas, falta de contrato o falta de requisitos en el mismo, falta de entrega de garantías por parte de los proveedores o prestadores de servicios, pagos en exceso en contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; falta de expedientes de obra pública o deficiencias en su integración; servidores públicos que atendieron asuntos en los que tenían conflicto de interés; inconsistencias en integración y funcionamiento de Órganos Internos de Control de los Municipios del Estado de Chihuahua.
En lo referente a las áreas claves de riesgo el informe incluye tales como: cuentas públicas no presentadas en tiempo y forma o presentadas con diferencias, ineficacia en el cobro del predial en municipios y aplicación de descuentos improcedentes; apoyos sociales sin convocatorias ni reglas de operación; falta de justificación y comprobación en la aplicación del gasto; omisión para elaborar investigaciones de mercado; acciones insuficientes para la recuperación de las cuentas por cobrar, pago de volúmenes de obra no ejecutados o mayores a los ejecutados y falta de reglamentos internos o estatutos orgánicos.
Junto con el Informe General también se hizo entrega del sexto paquete con los 61 Informes Individuales que completan el total de resultados por las auditorías a la Cuenta Pública 2022. Ambos dentro del marco legal que establece el 15 de diciembre como fecha límite para su cumplimiento.
El órgano fiscalizador da cuenta de las 97 auditorías del tipo financiero, 75 de desempeño y 32 de obra pública; mientras que de forense fueron 10 y 16 revisiones específicas.
En total al Poder Ejecutivo Estatal se he hicieron 9 auditorías del tipo financiero, una de obra pública y otra más de desempeño; a los Poderes Legislativo y Judicial una financiera a cada uno; 155 a municipios, y las 44 restantes a diversos órganos autónomos, descentralizados, asociaciones civiles, fideicomisos y fondos.
El auditor superior destacó que en el Informe se detalla además la atención que el órgano a su cargo dio a las sugerencias hechas por la Comisión de Fiscalización el pasado mes de abril del presente año como parte de la evaluación al trabajo de la ASE; en la que por cierto alcanzó el 95 por ciento de cumplimiento.