Pese a que la Ley Nacional de Ejecución Penal representa un paso significativo en la búsqueda de un sistema penitenciario más justo y efectivo, aún faltan acciones que permitan una rehabilitación y reinserción social eficaz de quien ha cometido delitos, coincidieron senadores.

En la inauguración del foro “Avances de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, aceptó que en estos años se ha dado poca atención a los centros penitenciarios.

Los reclusorios, dijo, deben ser unidades que permitan a los reos tener una estancia digna y con respeto a sus derechos humanos, para que puedan construir una vida feliz y productiva.

Consideró que la Ley Nacional de Ejecución Penal “nos desafía para tener una transformación, donde los derechos no se negocien, independientemente del pasado de quienes estén privados de su libertad”.

“Desde el Poder Legislativo sostenemos que los cambios van más allá de lo normativo, éstos deben significar una auténtica revolución filosófica, que sustente y dé forma a todo el sistema penitenciario mexicano, que ha sido una de nuestras grandes fallas”.

Mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, en 2021 había 220 mil personas en esta condición, 94 por ciento hombres y el seis por ciento mujeres. Mientras que en los centros penitenciarios estatales 50 por ciento de la población ha compartido su celda con más de cinco personas.

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