El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director del organismo, ofreció la asesoría legal de la JUFED a los juzgadores que la FGR ayer acusó en un comunicado de emitir el fallo «ilegal» en favor del ex secretario de Seguridad Pública Federal.
La investigación en cuestión fue iniciada contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal; y el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López.
«En razón del comunicado FGR 524/23 del 3 de octubre de 2023, emitido por la FGR, esta Asociación reitera el respaldo a todas las juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la Federación, al emitir sus resoluciones dentro de su ámbito de competencia, con la más absoluta independencia y libres de cualquier tipo de presión interna o externa, ya sea de autoridades o de las propias partes», dijo el magistrado Muñoz en un comunicado.
«En particular al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte, así como a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito (Ciudad de México), referidos en dicho comunicado, para los efectos del acompañamiento legal y solidario desde ahora, para tal efecto ponemos a su disposición la asesoría legal necesaria».
El director de la JUFED agregó que en la Judicatura Federal, al ejercer sus funciones, los juzgadores tienen como premisa únicamente cumplir y proteger los derechos humanos de todas las personas, consagrados en la Constitución.
El organismo que preside el magistrado Muñoz lo conforman más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito, y es la principal asociación de impartidores de justicia federales a nivel nacional.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de esta ciudad negó en definitiva a la FGR girar la orden de aprehensión contra García Luna por un presunto enriquecimiento ilícito de poco más de 27 millones de pesos.
Lo que hicieron los magistrados del tribunal fue confirmar la negativa del juez de control Gerardo Alarcón, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien estimó que la imputación de la Fiscalía carecía de elementos.