Ante las respuestas que emitió la Secretaría General de Gobierno y las declaraciones de la titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Sandra Gutiérrez Fierro, respecto a los recursos públicos que fueron utilizados en licitación directa para la impresión de los “cuadernillos”, el diputado de morena Benjamín Carrera Chávez solicitó que las autoridades estatales aclaren esta información.
Carrera Chávez expuso que la impresión de estos cuadernillos ha tenido un costo millonario para los chihuahuenses, donde se abre la posibilidad de un delito o conflicto de interés, debido al costo que cada cuadernillo tuvo, puesto que mientras que los Libros de Texto Gratuitos de la SEP tienen un costo de 14 pesos, y material de niños para colorear que venden en librerías, tienen un costo de 30 pesos, los cuadernillos costaron 90 pesos cada uno.
El diputado presentó una solicitud para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus facultades, informen al Congreso del Estado, el proceso de licitación, adjudicación directa y justificación de la realización e impresión de estos “cuadernillos”, que tuvieron un costo público para los chihuahuenses.
Recordó que la Secretaría General de Gobierno del Estado envió a la presidencia del Congreso, respuesta a varios cuestionamientos, donde hizo constar que la Secretaría de Hacienda realizó movimientos para otorgar a las autoridades educativas recursos por $36,800,000 para impresión de material de apoyo en lo que sería solo una primera etapa.
“Lo preocupante es que la propia funcionaria admite que la impresión de cuadernillos de apoyo no fue licitada dado la premura, e incluso ante los cuestionamientos a través de plataformas de transparencia, se acogen a la facultad que otorga la ley en la materia para reservar información”.
El legislador explicó que, de acuerdo a la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el monto máximo para que un ente público pueda llevar a cabo la adjudicación directa, no podrá superar 36 veces el valor anual de la UMA, que para este 2023 es de $37,346.40, “tenemos que los casi $37 millones de pesos que nos comenta la secretaria que se han gastado en esta primera etapa, superan casi 27 veces el monto mínimo”, dijo.
“Sin duda alguna, a pesar de la negativa de transparentar la información, los números que hasta ahora tenemos, no mienten y cada vez nos dan más la razón respecto a que, esta determinación de la gobernadora es una ocurrencia, y muy cara para la ciudadanía”, señaló el diputado.