Ericka Ramírez Ortiz, agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó apenas el pasado martes una denuncia en la que refiere que el día 11 de mayo recibió una llamada telefónica de un hombre que le advirtió que tenía que callarse.
«Hija de tu puta madre, te voy a matar como la pinche perra que eres», le dijeron a Rodríguez, según la denuncia que dieron a conocer fiscales federales en la audiencia en la que el fin de semana fue procesado el ex mando de la SEIDO.
«Tengo miedo que puedan causarme daño porque he recibido amenazas y entre estas personas (que me amenazan) pueden estar Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien a oficiales ministeriales los elevó a Ministerios Públicos y tuvieron entradas de dinero extras y algunos de ellos siguen en la Unidad Antisecuestros, en otras áreas de la FGR y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México».
Según la lectura de los fiscales, esta testigo colaboradora relata que Gualberto alardeaba con que su novia Claudia Fabiola Anaya Hernández, directora de área del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), le ayudaría con sus contactos a resolver sus problemas legales.
La pareja sentimental del procesado, según Ericka Ramírez, tenía contactos no sólo en el IFDP, sino también en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Adicionalmente, por su cuenta el ex funcionario también tenía relación con Gladys Carbajal, en la Policía Federal, y Jaime Cabrera Lopez, agente de la Policía Federal Ministerial, hoy indagado por supuestamente rendir informes falsos en la investigación del Caso Iguala
La denuncia de la testigo colaboradora fue expuesta por la FGR para pedirle al juez Juan José Hernández Leyva la ratificación de la prisión preventiva justificada para el ex mando de la SEIDO, la cual al final autorizó el juzgador y dejó al ex funcionario en el Reclusorio Sur.
La noche del sábado el juez vinculó a proceso a Ramírez Gutiérrez por tortura y desaparición forzada, pero rechazó iniciarle el procedimiento por los delitos de coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Fuera de la cancelación de 2 de los 4 delitos, las pretensiones del ex funcionario se toparon con pared.
Ramírez requirió al juzgador declararse incompetente del caso, porque la investigación inició bajo el sistema de justicia tradicional, sin embargo, el impartidor de justicia respondió que no podía resolver en ese momento la petición.
También solicitó analizar la prescripción del delito de desaparición forzada y no hubo un pronunciamiento; pidió invalidar los videos de las supuestas torturas a implicados en el Caso Iguala, porque la FGR los vio antes de tener una autorización judicial, y tampoco se lo concedieron.
Si bien consideró que no había elementos para sostener el delito de intervención de comunicaciones privadas, el juez tampoco hizo mención al hecho de que la FGR imputara este ilícito en la audiencia, sin estar incluido en la orden de aprehensión.
«Mi defendido es un preso político», afirmó en la audiencia Humberto Venegas, abogado del ex mando de la SEIDO, quien tenía sobre la mesa el libro «De Iguala a Ayotzinapa, la escena y el crimen», de Fernando Escalante y Julián Canseco.
«Este no es un delito de carácter político, esta investigación judicializada queda bajo tutela de esta autoridad, el caso tiene una trascendencia histórica, nacional e internacional quiero dejar en claro que este juez no tiene ningún interés político o protagónico», atajó Hernández Leyva, responsable de instruir el proceso.
Validan acceso a videos sin orden judicial
El juez Juan José Hernández Leyva validó que la FGR tuviera acceso a los videos de las presuntas torturas a implicados en el Caso Iguala, 52 días antes de la existencia de una orden judicial para extraerlos de un disco.
El 13 de abril de 2020, la Fiscalía inspeccionó cada uno de los 56 videos contenidos en un disco duro que le fue proporcionado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el 4 de junio del mismo año, un día después de obtener la orden de un juez, volvió a acceder a ellos.
Durante la audiencia en la que Gualberto Ramírez fue procesado, su defensa pidió al juez invalidar el video en el que aparece el ex funcionario en un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo» presuntamente fue torturado, por tratarse de una prueba ilegal.
Según los defensores, la FGR tuvo acceso a este video, piedra angular de la imputación, sin mediar una orden judicial.
También alegaron que María Elena Villanueva Ayón, la fiscal que vio las grabaciones sin autorización de un juez, violó una «carta de confidencialidad» que firmó ante el órgano de inteligencia, porque le informó del contenido a su jefe Omar Gómez Trejo, entonces Fiscal del caso Ayotzinapa.
«No se salva la ilicitud de la prueba con la posterior obtención de la orden judicial, sería como si en el caso de una violación sexual se obtuviera 3 meses después el consentimiento (de la víctima)», dijo el abogado José Zapata.
El juez Hernández Leyva le respondió a la defensa que las solicitudes de intervención de comunicaciones se solicitan con base en antecedentes, razón por la que justificó que la fiscal Villanueva abriera el disco y más tarde, con ese conocimiento, se solicitara la autorización judicial.
«Ella tenía que ver lo que habían mandado, le da noticia a su jefe de este dato de prueba de la investigación Ningún juez de control puede girar una orden sin que le justifiquen la necesidad de la técnica de investigación, el juez la negaría sólo si el fiscal le dice ‘quiero ver qué tiene'», expuso.
«Este dato de prueba ya fue sometido a un control judicial, es improcedente anular la legalidad de algo que ya fue sujeto a un control judicial».
Lo inusual de este debate, es que el juez sólo permitió una sola intervención a la defensa y la FGR. Incluso, cuando los fiscales terminaron de hablar y uno de los abogados se disponía a dar su réplica, el juzgador se adelantó para anunciar que iba a resolver esta incidencia sin una segunda ronda de discusión.
Los videos en manos del Cisen son un tema central en las investigaciones del Caso Iguala, porque con base en ellos también se han ordenado las aprehensiones de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal; e Ignacio Mendoza Gandaria, ex director de Apoyo a la Operación del desaparecido Cisen.
Igualmente, contra Abraham Eslava Arvizu, ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos; y Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros, estos últimos de la SEIDO.
La FGR además indaga a varios militares, marinos y agentes federales, con base en esos archivos.
Los abogados de Gualberto Ramírez también pidieron al juzgador declararse incompetente para tramitar este proceso y turnarlo a un juez de distrito del sistema tradicional, ya que el caso originalmente fue iniciado como una averiguación previa y no como carpeta de investigación.
Hernández Leyva, sin embargo, dijo que no podía determinar esta solicitud porque violaría el artículo 19 Constitucional, que en ese momento lo obligaba a resolver la situación jurídica del imputado.
Desaparición de 95 minutos
La desaparición de Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», que le imputan a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, tuvo una duración de una hora con 35 minutos, de acuerdo con la resolución del juez de la causa.
El juez de control Juan José Hernández Leyva estableció, que conforme a las constancias ministeriales, este individuo -que en su momento fue acusado de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos- estuvo desaparecido de las 1:55 a las 3:30 horas del 16 de enero de 2015, tras su captura.
Pero el lugar en el que estuvo desaparecido fueron las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la Calle de Moneda, en Lomas de Sotelo, donde presuntamente fue torturado en un interrogatorio que fue videograbado y filtrado en redes sociales en julio de 2020. Gualberto es uno de los que aparecen en ese video.
«Se da un funcionamiento de un centro clandestino de detención, lo primordial es que permanece oculto, que no se dejaron huellas ni evidencias El personal de la SEIDO es experto en cubrir actuaciones ilícitas», dijo el fiscal federal Gonzalo Cartas, en la audiencia en la que Ramírez fue procesado.
«El Cepillo» fue detenido el 15 de enero de 2015 a las 23:50 horas, en Jiutepec, Morelos, por la FGR, la Policía Federal y el Ejército; cuatro horas y media después fue presentado ante la SEIDO. Dos informes médicos registran 31 lesiones y 3 áreas de lesiones en todo su cuerpo.
Es decir, la FGR imputa su desaparición en el lapso que transcurre entre su detención y puesta a disposición a la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, entonces responsable de la investigación del Caso Iguala.
Los abogados de Gualberto cuestionaron en todo momento que le pretendieran fincar a su defendido la desaparición forzada de persona, porque estimaron que esta conducta penal era desproporcionada para los hechos que en realidad sucedieron.
«En todo caso podría ser una conducta de dilación de puesta a disposición de un detenido La Fiscalía pretende sobrecargar conductas, en algún momento el detenido fue puesto a disposición», dijo Humberto Venegas, uno de los defensores. Sin mencionarlo por nombre y apellido, Venegas puso como ejemplo a su propio cliente como víctima de una conducta similar, incluso más grave que la que le reprochan en agravio de «El Cepillo».
«Su señoría ¿qué diría si le dijera de un caso de una persona que fue detenida en Tecámac y que estuvo el doble de tiempo retenido en instalaciones de la Fiscalía sin que le permitieron hablar con su abogado?», cuestionó.
En algún momento, la fiscalía refirió que Rodríguez Salgado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la SEIDO porque los funcionarios no podían «estirar» más el tiempo, un comentario que respondió la defensa.
«¡Pero claro que se podía! ¡claro que podían desaparecer a la persona! No lo hicieron porque tenían que poner a disposición al detenido y ejecutarle órdenes de aprehensión», dijo el defensor José Zapata.
Aunque la defensa pidió analizar prescripción del delito de desaparición forzada, el juez no hizo un pronunciamiento al respecto.
Investigaciones de tortura
De acuerdo con la decisión del juez, la tortura en agravio de «El Cepillo» ocurrió en dos momentos.
El primero es el mismo intervalo de la desaparición forzada, en el que Gualberto fue videograbado advirtiendo al detenido que, si no cooperaba, lo enviará al Penal de Chilpancingo, controlado por el grupo criminal de Los Rojos, rival de Guerreros Unidos.
La segunda parte de la tortura habría sucedido el mismo día, de las 5:18 a 7:17 horas, en las instalaciones de la SEIDO.
Según la FGR, esas fueron dos horas que Ramírez autorizó a Ignacio Mendoza Gandaria, ex director de Apoyo a la Operación tanto del desaparecido Cisen y del Centro Nacional de Investigación, para interrogar y presuntamente torturar a «El Cepillo» en oficinas de la SEIDO.
Uno de los cuestionamientos de la defensa sobre este delito es que, en paralelo al proceso iniciado, la FGR tiene en curso una averiguación previa por el mismo ilícito en agravio de Rodríguez Salgado.
Dicha indagatoria inició por los malos tratos de los que el propio Rodríguez Salgado dijo haber sido víctima, al momento de su captura en Morelos.
La defensa acusó un sesgo para proteger al ex director de Operaciones de Encubiertas de la Policía Federal, Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, quien hoy es testigo colaborador de la FGR en el Caso Iguala.
Este funcionario fue el encargado de encabezar la captura de «El Cepillo», en el operativo en el que habría sido torturado.
«Eduardo Rodríguez Martínez iba al mando de la detención, él nunca dice (que golpearon a ‘El Cepillo’); donde están el grueso de los golpes es en el operativo que acontece bajo el mando de Eduardo Rodríguez Martínez, pero él no reconoce nunca nada ¿qué ha pasado con él? ¿cómo le vamos a creer a esta persona? ¿o le vamos a creer a Felipe Rodríguez Salgado? Ambos testimonios se excluyen», cuestionó el abogado José Zapata.
Al juez Juan José Hernández Leyva le llamó la atención que la Fiscalía tuviera iniciadas dos investigaciones por torturas a «El Cepillo», pero estimó que eso no era suficiente para invalidar la imputación contra Gualberto Ramírez.
«Me preocupa que la Fiscalía esté llevando a cabo dos averiguaciones por los mismos hechos, no puede haber una investigación duplicada por los mismos hechos, sin embargo, el imputado más adelante puede pedir el sobreseimiento si se vincula a proceso», dijo el juzgador.