Las medidas, que se prevé entren en vigencia en los próximos días, fueron anunciadas en un comunicado de la presidencia que leyó el secretario de Comunicación, Ivis Alvarado.
Entre otras medidas, Castro también aprobó extender el estado de excepción que se viene aplicando desde diciembre para hacer frente a la creciente violencia y las extorsiones de las que son víctimas transportistas, comerciantes y la población en general, y dejar las actividades de seguridad pública en manos de las fuerzas armadas, que actuarán de manera conjunta con la policía nacional.
De igual forma, se acordó el traslado de los cabecillas de organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, hacia una granja penal de las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, y el otorgamiento de medidas sustitutivas de prisión preventiva a las reclusas que no tengan condena y que padezcan enfermedades terminales.
Los anuncios se dan un día después que Castro prometió «medidas drásticas» para hacer frente a la crisis carcelaria que quedó al descubierto tras la matanza ocurrida en la prisión de Tamara, la principal cárcel de mujeres del país, ubicada a unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. Entre las primeras medidas la mandataria destituyó el martes al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y lo reemplazó por Gustavo Sánchez, quien hasta ahora era director general de la Policía Nacional.
Varias reclusas salieron de sus celdas, sacaron a las guardias de la prisión, se dirigieron hacia un pabellón de presas de una banda rival, comenzaron a asesinarlas y luego le prendieron fuego al lugar, según informaron las autoridades. Muchas murieron quemadas, y el resto baleadas o apuñaladas.
Los videos difundidos por el Gobierno del interior de la prisión de Tamara mostraron varias pistolas, muchos machetes y otras armas blancas encontradas tras el motín. El incendio dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las literas reducidas a barras de metal retorcidas.
Las reclusas llevaban semanas quejándose de que integrantes de una pandilla, que identificaron como Barrio 18, las estaban amenazando. Las amenazas se cumplieron el martes por la mañana.
«Todo ha quedado evidenciado en las cámaras de seguridad», indicó el miércoles Miguel Martínez Madrid, vocero de Seguridad tras anunciar la detención de una docena de agresoras. Según explicó, se ve cómo las presas someten a las guardias, les quitan las llaves, colocan candados nuevos en las celdas de sus rivales y hacen uso de armas de fuego.
Juan López Rochez, jefe de operaciones de la Policía Nacional, dijo a The Associated Press que las atacantes comenzaron a dispararle a sus enemigas desde afuera de sus celdas y que, según las primeras pesquisas, luego rociaron el lugar con un líquido inflamable al que prendieron fuego. Varias de las internas lograron salir y fueron atacadas con armas blancas, agregó.
Las autoridades eludieron identificar a la banda atacante hasta que la investigación no avance.
Rochez agregó que se decomisaron una veintena de armas -entre ellas un fusil AR-15, dos Uzi y dos granadas de fragmentación-, y dijo que se investiga cómo llego ese armamento al interior de la cárcel, que albergaba a más de 900 mujeres. También se indaga el papel que desempeñaron las agentes que custodiaban el lugar.
«Evidentemente tiene que haber fallas humanas», declaró.
El motín es la peor tragedia en un centro de detención de mujeres en América Central desde 2017, cuando 41 niñas de un refugio para jóvenes con problemas de Guatemala murieron después de prenderle fuego a colchones para protestar por las violaciones y otros malos tratos que sufrían en esa institución.
El suceso más letal en una cárcel centroamericana en un siglo también ocurrió en Honduras en 2012 en la penitenciaría de Comayagua, donde 361 reos murieron en un incendio.
Tras el motín del martes, al menos siete reclusas fueron trasladadas a un hospital de Tegucigalpa por heridas de bala y arma blanca, informaron autoridades del Hospital Escuela. En la noche de ese día los portavoces del centro sanitario dijeron que dos habían sido dadas de alta y el resto se encontraba estable.
Era una tragedia anunciada, dijo Johanna Paola Soriano Euceda, quien esperaba afuera de la morgue de Tegucigalpa noticias sobre su madre, Maribel Euceda, y su hermana, Karla Soriano. Ambas estaban siendo juzgadas por tráfico de drogas, pero estaban recluidas en la misma zona que las presas condenadas.
Soriano Euceda relató que su madre le había dicho el domingo por teléfono que «estaban regadas las muchachas (integrantes de la pandilla Barrio 18), que viven peleando con ellas y de ahí no volvimos a hablar».
Otra mujer, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que esperaba noticias sobre su amiga Alejandra Martínez, de 26 años, recluida en el módulo uno y acusada de robo.
«Ella me contó el domingo, la última vez que la vi, que las (del Barrio) 18 las tenían amenazadas y que si no entregaban a un familiar las iban a matar a ellas», relató.
En ocasiones las bandas exigen a sus víctimas que «entreguen» a un amigo o pariente dándoles su nombre, dirección y descripción para que los pandilleros puedan encontrarlos más tarde y secuestrarlo, robarle o matarlo.
Los funcionarios describieron los asesinatos como un «acto terrorista» y reconocieron que las bandas habían dominado esencialmente algunas partes de la prisión.
Julissa Villanueva, Viceministra de Seguridad y responsable de las cárceles, dejó entrever que el motín se inició en respuesta a las acciones del Gobierno para liberar a las cárceles del poder del crimen organizado y aseguró que no van «a permitir bajo ningún punto el ataque o el sabotaje» por parte de la «criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de este país».
«No nos vamos a doblegar», subrayó en un mensaje televisado tras el motín.
«No vamos a negociar».
Según explicó a AP Joaquín Mejía, académico del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los jesuitas en Honduras, dos de los grandes problemas de las prisiones hondureñas son el abandono que sufren por parte de las autoridades y la capacidad de control interno que tienen los reclusos.
Aunque el Gobierno de Castro anunció una intervención para cambiar esta situación, el motín de Támara evidencia el fracaso de los esfuerzos para depurar a la policía penitenciaria y evitar la entrada de drogas o armas a las prisiones.
Mientras tanto, continuaba la sombría tarea de intentar identificar los cadáveres, algunos calcinados.
En las afueras de la morgue cundía el nerviosismo mientras algunos cadáveres en bolsas blancas eran trasladados desde un contenedor a un recinto interior donde se hacían las autopsias y otros cuerpos ya identificados empezaban a ser entregados a las familias. Algunas, desesperadas, eran atendidas por personal sanitario para poder sobrellevar el momento.
El motín del martes podría aumentar la presión sobre Honduras para que emule las drásticas prisiones de tolerancia cero y sin privilegios establecidas en el vecino El Salvador por el Presidente Nayib Bukele.
Aunque la represión de las pandillas en El Salvador ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, también ha resultado ser inmensamente popular en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las bandas callejeras.
«Uno de los graves peligros es la ‘bukelización’ de la política de seguridad en el país, con todo lo que ello implica», dijo Mejía.