El titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República fueron separados de sus cargos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, fueron consignados debido a que incumplieron, de manera injustificada, una sentencia que concedió un amparo, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida.
Se constató que pese a todos los requerimientos que se les hicieron, las referidas autoridades fueron omisas en dar cumplimiento a la sentencia de amparo en la que se les ordenó, entre otros aspectos, llevar a cabo el desahogo de diversas diligencias probatorias, a través de las cuales la quejosa buscaba acreditar la propiedad y obtener la devolución de joyería que en su momento le fue asegurada, con un valor de más de 200 millones de pesos.
Además, las autoridades responsables no informaron al juez de amparo sobre la entrega material de los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
La Corte también determinó que el incidente de inejecución de sentencia debe quedar abierto, pues el asunto no puede archivarse sino hasta que el fallo protector quede enteramente cumplido, ya que es una cuestión de orden público e interés general que la protección otorgada pueda materializarse.