El Ministerio de Relaciones Internacionales de Sudáfrica informó que mantendrán la inmunidad para quienes acudan a la cumbre de los BRICS, bloque económico y político conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países que son potencias emergentes, algo así como un equivalente al G-7.
La ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor, firmó el documento que establece que “las inmunidades y privilegios que se otorgarán a los participantes de la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS y la cumbre de los BRICS son las previstas en la Convención de 1946 sobre Privilegios de Inmunidades de las Naciones Unidas y la Convención de 1947 sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados”.
Este jueves y viernes será la reunión de ministros de exteriores de los cinco países, mientras que del 22 al 24 de agosto será la cumbre en la cual esperan la asistencia de Vladimir Putin.
“Estas inmunidades no anulan ninguna orden judicial que pueda haber emitido un tribunal internacional contra cualquier asistente a la conferencia”, acotó Clayson Monyela, vocero de Exteriores de Sudáfrica, pero sí estarán activas para los asistentes.
Acotó que son inmunidades “estándar” para cumbres internacionales y “todos los países otorgan inmunidades similares”.
La orden protege a los países miembros de BRICS para estar presentes en los eventos y no son para “individuos específicos”, por lo que aclaró que no le están haciendo un favor a Putin sino que es algo general.
Sudáfrica ha sido neutral en la guerra y ha llamado a una solución diplomática.
El mes pasado informaron que Putin aceptó la invitación a la cumbre en Sudáfrica.
Orden de arresto internacional a Putin.
La Corte Penal Internacional en La Haya emitió en marzo la orden de arresto contra el Presidente de Rusia por posibles crímenes de guerra.
Los delitos datan del inicio de la invasión rusa que incluyen la deportación ilegal y traslado ilegal de niños en Ucrania hacia zonas al interior de ruso, lo cual sería una orden del propio Putin.
Cabe mencionar que el traslado forzoso de población civil y sobre todo niños durante un conflicto armado es catalogado a nivel internacional como un crimen de guerra que puede ser muy grave, por los antecedentes en la historia como fueron la Segunda Guerra Mundial o distintos conflictos en Europa o Asia.