Durante los tres años, un mes y 17 días que estuvo activa la política sanitaria que argumenta que los migrantes representan un grave riesgo para la propagación de Covid-19, el Sector El Paso realizó 479 mil 444 expulsiones, en algunos casos varias veces a una misma persona, a través de Ciudad Juárez u otras fronteras.
“No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, dijo el martes en su conferencia matutina, luego de que la Corte invalidó, argumentando violaciones al procedimiento legislativo, la primera parte del paquete de modificaciones político-electorales propuestas por el Ejecutivo, conocidas como Plan B.
Una diferencia entre estas posiciones del mandatario es la presidencia de la Corte, que hasta el pasado 2 de enero estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldívar (a quien el Ejecutivo se ha referido como “honesto” e “íntegro”) y actualmente está encabezada por Norma Piña, nombrada ministra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de quien López Obrador ha dicho que “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.
Para esa posición, hasta enero compitió la ministra Yasmín Esquivel, esposa del empresario José María Riobóo (señalado como cercano a AMLO e impulsor de la sede alterna del aeropuerto de la Ciudad de México), y quien el 21 de diciembre fue acusada de plagio en el sitio de noticias Latinus.
“Le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis copió. Le llaman a eso plagio, es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico. Pero fue hace 40 años, que un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada”, dijo López Obrador el 26 de diciembre.
Frenos a la 4T
Una vez electa presidenta la ministra Piña, la Suprema Corte ha invalidado dos reformas consideradas clave para el actual Gobierno federal y aprobadas por el Legislativo: el paquete en materia de elecciones que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, reduce su autoridad, y la que busca trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Ni les contesten el teléfono”, dijo haber ordenado a sus funcionarios; esto en conferencia en Veracruz el 21 de abril, cuando también señaló que Piña había propuesto negociar la entrada en vigor de dicha resolución.
“Y todavía –voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba– le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria (de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez): ‘Oye, pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, agregó el mandatario ante pregunta en la misma conferencia.
Entonces, López Obrador también insistió en que la medida de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena buscaba frenar corrupción como la registrada en la gestión de Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por usar su posición como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón para beneficiar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares.
“La Corte actuó mal, ocho ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico, y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía federal de los tiempos de Calderón y de García Luna, esa corporación que se corrompió por completo”, dijo López Obrador desde el puerto de Veracruz.
La Corte, por su parte, informó haber invalidado el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional debido a que el artículo 21 constitucional “establece expresamente que dicha corporación será un ente civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en el caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
‘Vamos a ser respetuosos’
López Obrador aludió a la división de poderes desde agosto de 2018, cuando era presidente electo y, en conferencia de prensa junto a Enrique Peña Nieto, fue cuestionado sobre la participación de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo en el nuevo plan educativo.
“La política educativa es una facultad del Estado mexicano y va a corresponder al Estado definirla. Para eso existen tres poderes. En su momento, repito, se van a enviar iniciativas, va a decidir el Poder Legislativo. Y si existen controversias, las resuelve el Poder Judicial. Y vamos nosotros a ser respetuosos de la división y el equilibrio de los poderes”, dijo entonces, de acuerdo con la versión estenográfica difundida por el Gobierno saliente.
El principio aparece también en su Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 y que, en el apartado para “Recuperar el Estado de Derecho”, menciona que los empleados de ese Gobierno deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país.
“Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos anteriores y, por lo que hace al Gobierno federal, atenerse escrupulosamente a las delimitaciones impuestas por el pacto federal y la división de poderes. Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial”, indica el texto.
La confrontación a la SCJN, aun así, se ha agudizado en las últimas semanas, como el 8 de marzo pasado, cuando el Ejecutivo difundió que el Poder Judicial tenía un fideicomiso por 20 mil millones y anunció que había solicitado información “detallada” del resto de fondos tanto del Poder Judicial como del Instituto Nacional Electoral (INE) para “que se dé a conocer cuánto dinero tienen (…) y qué uso les han dado”.
Y ayer, consultado en la conferencia matutina sobre un reconocimiento a Piña atribuido a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, respondió que “esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo”, en alusión al punto de la Ciudad de México (en el Centro Histórico) conocido como mercado de documentos apócrifos.