«La arbitraria decisión del Ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado.
«A fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento», exigieron.
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, difundió el desplegado esta mañana con la firma de 23 gobernadores y gobernadoras de la llamada «Cuarta Transformación» (4T).
Los Mandatarios y Mandatarias estatales acusaron que desactivar el «Plan B» en general anula la legitimidad del Poder Legislativo.
«La determinación del Ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales», señalaron.
«Violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo».
Agregaron que la decisión del Ministro mantiene el poder de élites burocráticas, algo que la 4T pretende terminar, además de garantizar austeridad en las instituciones del País.
«Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular», apuntaron.
«Preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables».
Aseguraron que el «Plan B» impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no representa un peligro para las elecciones ni afecta al Instituto Nacional Electoral (INE).
Defendieron que la reforma evitaría dispendio de recursos públicos y fraudes electorales.
«Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen», añadieron.
Advirtieron que la 4T no será frenada por vías «tramposas» para favorecer a la «oligarquía».
«La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía», dijeron.
El pasado 24 de marzo, Laynez Potisek admitió a trámite la controversia constitucional del «Plan B» y suspendió por tiempo indefinido la aplicación de esa reforma que busca disminuir facultades operativas del INE.
El Ministro argumentó que su decisión fue para salvaguardar el orden democrático nacional y proteger derechos humanos de los votantes, así como a trabajadores del Instituto.
«De no concederse la suspensión, el INE quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería la remoción de plazas y la remoción de servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las obligaciones Constitucionales que tiene asignadas frente a la ciudadanía», explicó.
Tras la determinación, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció la impugnación y se está a espera de que la SCJN resuelva. Mientras tanto, el INE seguirá funcionando como lo hacía antes del «Plan B».