El alcalde Marco Bonilla explicó que interpusieron controversias contra las reformas de AMLO a las leyes de Comunicación y de Responsabilidades Administrativas por violar la libertad hacendaria y el derecho a la información.

A través de mensaje por video, el Presidente Municipal de Chihuahua detalló que este jueves “hemos presentado en la Ciudad de México una controversia constitucional contra las reformas elaboradas por la Cámara de Diputados, contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas”.

Explicó que fue “por preceptos que desde nuestro punto de vista y argumentos jurídicos violan la libertad hacendaria consagrada en el artículo 115 constitucional y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos” en Chihuahua.

Por último anunció Marco Bonilla que “estaremos muy atentos al seguimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé a esta controversia presentada”.

Chihuahua fue el primer Municipio que interpuso una controversia constitucional contra el Plan B de la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador, que modifica diversas leyes secundarias.

El INE y partidos de oposición también prevén presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte para dar marcha atrás a distintas modificaciones a leyes electorales.

Explicó el Municipio de Chihuahua en tres puntos los motivos para buscar la controversia constitucional en contra del Plan B de Reforma Electoral.

En el primero menciona que atenta contra el artículo 115 de la libertad de hacienda de los Municipios por la regulación impuesta desde el Gobierno Federal al determinar cómo deben gastar los ayuntamientos sus ingresos propios.

El segundo punto señala que la reforma viola el principio de proporcionalidad, pues el .1% del presupuesto corresponde para la Federación unos 51.54 pesos por habitantes, sin contar que tienen 12 mil 123 spots diarios. El Gobierno del Estado tendría 22.96 pesos por habitante. El Municipio de Chihuahua tendría máximo 5.24 pesos por habitante.

El tercer punto denuncia que la modificación a las leyes como parte del Plan B vulnera el derecho de acceso a la información consagrado en la Constitución, pues la apreciación jurídica del Municipio es que el Gobierno Federal pretende que sólo se conozca su versión al contar con la Mañanera, con tiempos oficiales y un presupuesto adicional en materia de comunicación.

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