El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el Informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma que modifican las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas el 27 de diciembre de 2022, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continuará a partir del 1 de febrero, y que son conocidas por la opinión pública como “Plan B”.
El documento analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución, y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.
Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.
El Informe tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada del órgano del Estado mexicano encargado, junto con los Organismos Públicos Locales, de organizar los comicios para la renovación de las instancias públicas mediante el sufragio, sobre los riesgos que podrían ocasionarse con algunas de las reformas y, especialmente, para el ejercicio, garantía y defensa de derechos político-electorales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.
“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, indicó Córdova Vianello.
En este sentido, el Consejero Presidente apeló a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país de quienes tendrán que resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas del “Plan B”. “Que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.
El INE, recalcó, acudirá a todas las instancias legales “para defender la democracia, garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías y también, por supuesto, mayorías a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que éste sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México”.
Advierten que esta reforma implicaría un retroceso en materia de igualdad de género y no discriminación. Ademas, en materia de fiscalización se abre la oportunidad a la simulación y ocultamiento de operaciones.
Por otra parte, se verían afectaciones en materia de organización electoral, así como, el esquema de integración de casillas. Exponen que, se pone en riesgo el Padrón Electoral confiable. Además, advirtió que las modificaciones legales establecen que los módulos del INE se muevan preferentemente a espacios como oficinas gubernamentales, donde no se tiene certeza que se resguarden los datos sensibles de la ciudadanía, limitándose a la función de los Organismos Públicos Locales (OPL).
Expusieron que, “Una fusión de Dirección Jurídica y Unidad de lo Contencioso Electoral no es funcional”. Además, la credencial de elector es la llave que abre el derecho a votar desde el sistema electoral.
Según el órgano electoral, la Reforma pudo haber centrado esfuerzos en otras áreas de oportunidad para disminuir el costo del sistema electoral, éstas no se abordan en las iniciativas de las representaciones políticas.
De acuerdo a un comunicado, expusieron “El INE no regatea a las instancias legislativas el ejercicio de sus atribuciones (…) En democracia, me parece, no cabe regatearles a las instancias legislativas el ejercicio de sus atribuciones como representantes populares. Ahí radica la esencia del fenómeno democrático: en encauzar las inquietudes, aspiraciones y preocupaciones de la ciudadanía”, dijo, y argumentó que la construcción de diagnósticos, que tomen en cuenta la experiencia y conocimiento acumulados de las instancias técnicas electorales, es condición esencial para un mejor diseño de los cambios necesarios y pertinentes a las reglas del juego democrático.