Durante 2022 en total se exportaron 241 mil toneladas de maíz blanco, es decir, 3 por ciento menos que en 2021, y el principal importador fue Venezuela, seguido de Guatemala, Honduras y El Salvador, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Dichas naciones verán incrementado el costo del grano mexicano, por lo que quizá podrán cambiar de proveedor y comprarle a un país diferente, refirió Ricardo Méndez, líder de consultoría en la firma TLC Asociados.
«Ellos tendrían que buscar alternativas de sustitución de proveedores porque al proveedor mexicano le va a salir más caro que a lo mejor comprarlo en otro país que también sea productor de grano», detalló Méndez.
En tanto, las empresas o productores instalados en México también se verían afectados, pues reducirían sus niveles de ventas.
«Se afectarían en una disminución de la comercialización, que no sean competitivos en cuanto a precio, que disminuyan sus exportaciones, realizar menos ventas en el extranjero», expuso.
En consecuencia, tendrían que sustituir sus exportaciones por venta nacional, pero si no es un mercado para el que están preparados podría ponerlos en desventaja, agregó.
Aunque no son los principales socios comerciales de México, si tiene un pacto comercial con las naciones de América Central, es decir, el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica.
En México, el también llamado maíz grano es utilizado para la tortilla, atole o tamales y desde el martes pasado las exportaciones tienen un arancel de 50 por ciento para estabilizar el precio de la tortilla, argumentó el Gobierno a través del Diario Oficial.
Como parte de sus argumentos expuso que este alimento, el cual no es genéticamente modificado, es un producto básico al ser una fuente importante de energía calórica de la dieta de los mexicanos y es el grano de mayor producción, con 89 por ciento en la participación de la producción nacional de granos y con un consumo anual per cápita de 332 kilos.
Recordó que el artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución le confiere al Ejecutivo federal la facultad extraordinaria para subir, bajar o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas y para crear otras, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional.