La investigación de los llamados Expedientes X, aplicada durante el gobierno Javier Corral, «fue en realidad un plan para presionar, torturar e indiciar
a más de 300 ex funcionarios locales, empresarios y opositores políticos en 89 carpetas de investigación y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos para que señalaran como culpables de peculado y otros delitos a colaboradores del ex gobernador César Duarte Jáquez», publicó este 6 de diciembre el periódico La Jornada.
En un trabajo del periodista Gustavo Castillo García, donde habló con diversas víctimas de tortura, luego de la detención del exfiscal a cargo de los Expedientes X, Francisco González Arredondo.
«Para armar sus acusaciones, en su mayoría por el supuesto delito de peculado, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, a través del fiscal González Arredondo, benefició con la condición de testigo protegido a 85 de los indagados, quienes sólo tenían que repetir lo que se les ordenaba entonces, con tal de llevar a prisión a personas que trabajaron en la administración de César Duarte Jáquez
, aseguraron Martínez Robles, Banderas Barrera y Raymundo Romero Maldonado, secretario general de Gobierno durante el mandato de César Duarte».
Según narró al medio nacional Martha Patricia Banderas, quien se desempeñó como directora del Seech, a ella la obligaron a declararme culpable. Fue la única alternativa para salir de prisión. Me hicieron pagar reparación del daño y a la fecha sigo haciéndolo. Porque la otra opción que tuve era estar presa los cuatro años que Corral iba a durar
.