«Volvemos a lo mismo, lo de los factureros, es una vergüenza que se detuvo. Llegamos y logramos que se frenara porque se desataron desde el Gobierno de Calderón y en el Gobierno del Presidente Peña fue excesivo lo de las facturas falsas, un fenómeno de 10 años. Entonces, eso nos lleva a modificar la Constitución, considerar delito grave, que no lo era la defraudación fiscal, y ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza.
«Hay que buscar reformar la Constitución para que vuelva otra vez, es como la austeridad ‘ya nos amparamos’, volver de nuevo a una iniciativa, pedirle a los constitucionalistas que nos orienten cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal, porque le están robando al pueblo», comentó López Obrador.
El pasado 24 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la reforma de 2019 que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales, impulsada por el actual Gobierno.
Los delitos son la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos.
Tras el fallo, que tuvo mayoría de ocho y nueve votos en diversos apartados, la Fiscalía General de la República tendrá que justificar ante el juez la necesidad de mantener en prisión a los acusados por estos cargos mientras son sentenciados, sin importar el monto.
Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal expresó que la resolución de la Corte le molestó y buscará que los delitos fiscales se aborden por la vía penal y no civil.
«Me molestó mucho la resolución de los Ministros de la Corte de pues impedir la detención o la prisión preventiva a delincuentes de cuello blanco, la detención preventiva oficiosa para quienes se dedican a la defraudación. Abiertamente, hay instituciones financieras, esta que tiene que ver con Segalmex, es la misma que manejó dinero del Gobierno de Yucatán.
«Todavía cuando se trata de robos por herencias, bueno, podría justificarse que es un asunto civil, pero cuando es un robo al pueblo eso tiene que ser penal, es corrupción, sí estamos viendo eso, no lo vamos a dejar», agregó.