“Yo he estado esperando a que salga esa ley – Ley Federal de Seguridad Privada-, antes de proponer reformas a la ley estatal para poder armonizarnos a nivel federal, sin embargo, la ley que tiene el Estado de Chihuahua es de las más completas en cuanto a lo que exige a las empresas de seguridad privada para poder operar”, declaró.
El funcionario habló de las diferencias entre los entes regulados que prestan el servicio y los que decidieron no apegarse a la legislación actual, no acatar las disposiciones de ley, a pesar de perder el registro para su operación. Quienes sí cumplían argumentaban una competencia desleal.
“Una empresa regulada tiene que invertir más en su personal, desde el uniforme, capacitación, certificación, había una gran cantidad de empresas que prestaban el servicio haciendo uso de elementos caninos y ninguna estaba regulada y muchas de esas trabajaban en la frontera prestando el servicio de revisión previa a los transportistas antes de ingresar a los recintos fiscales para evitar que las cargas fueran contaminadas con narcóticos y traficar personas”.
Durante la reunión, que se realizó en el piso 18 del recinto legislativo, el diputado de Morena, Óscar Castrejón mencionó que hay más elementos de seguridad privada que elementos de seguridad a cargo del Estado, por lo cual urgió a encontrar los esquemas pertinentes para hacer del guardia privado un aliado de la seguridad pública.
Loya Rodríguez detalló que hasta el momento 244 empresas cuentan con la regulación estatal y se encuentran al día en los requerimientos para brindar el servicio en sus diferentes modalidades.
En total se encuentran certificados 5 mil 388 elementos de estas empresas en el estado, de cuales 2 mil 710 están en Juárez y 2 mil 678 en Chihuahua capital.
Dentro del proyecto conjunto se encuentra pendiente la construcción de una una aplicación para reportar en tiempo real la fuerza de orden y despliegue de los elementos de las empresas de seguridad privada que atenderían emergencias bajo la coordinación de las autoridades civiles estatales.
La legislación federal en la materia reporta un gran avance y en teoría reforzaría la ley de Chihuahua, que ha servido de modelo para la regulación de otros estados del país.