Se trata del testigo protegido «Neto», quien dice que la noche del 26 de septiembre de 2014 el grupo delictivo Guerreros Unidos envió a personal de limpieza con unas bolsas a una bodega.
Después, él fue a recoger esas bolsas y las llevó al crematorio de la Funeraria Urióstegui y al horno del Servicio Médico Forense, en el mismo municipio, para que fueran incineradas.
El 25 de febrero de 2021, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR viajó con este testigo colaborador a Guerrero, para que los guiara a los sitios en los que se encuentran el almacén y los crematorios.
Según el documento de la inspección, la bodega se encuentra dentro de una finca con un granero de maíz, en la Calle Lázaro Cárdenas de la Colonia Lomas del Coyote.
Es una construcción de 10 a 12 metros de alto y unos 50 metros de largo; en su parte superior tiene una estructura metálica que soporta una lámina de acero en forma triangular, como un domo.
En la parte exterior, uno de los muros tiene dos anuncios con la leyenda «El mejor maíz es el de nuestra tierra».
Cuando llegaron los fiscales con el testigo protegido, en la finca había varias personas «con instrumentos de trabajo y vehículos para la siembra de maíz». El personal ministerial registró los datos y tomó fotografías en un lapso de tres minutos.
«El día de los hechos aquí fue donde ‘El Negro’ nos entregó los paquetes de bolsas de plástico negras, las cuales llevábamos al crematorio Urióstegui y al horno verde, por instrucciones de ‘El Negro’. Cuando llegamos por el acceso de esa bodega fue por donde nos entregaron los paquetes y había 5 camionetas, como lo dije en mi declaración», dijo en ese recorrido el testigo protegido «Neto».
Después de inspeccionar el lugar, el personal de la UEILCA y el testigo colaborador viajaron por tierra a la Funeraria Urióstegui y al Semefo de Iguala, donde supuestamente las bolsas con los restos humanos fueron incineradas.
Con el testimonio de «Neto», la UEILCA buscaba acreditar ante los tribunales que los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 fueron divididos en grupos y llevados a lugares diferentes para ser asesinados y desaparecer sus restos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también ha dicho que fue en una bodega donde se entregaron 6 de los 43 estudiantes al General José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado ejecutarlos.
Pero el origen de las afirmaciones de Encinas son los «pantallazos» de unos chats sobre los que no existe una verificación científica y que no son parte del expediente judicial contra los militares.
Es muy probable que esa bodega sea otra, pues en la narrativa de Encinas los 6 normalistas estuvieron vivos cuatro días, tras ser secuestrados, mientras que el testigo protegido «Neto» menciona que la fecha en que fue a recoger las bolsas a la finca fue entre el 26 y 27 de septiembre, cuando desaparecieron los 43.