Aunque el juez Ramón Lozano admitió tramitar un amparo de Iberdrola contra la decisión de la CRE -notificada mediante un oficio el pasado 9 de junio-, no suspendió la orden de frenar operaciones y fijó la audiencia hasta el 5 de septiembre, es decir, en dos meses.
A principios de este año, la CRE también se negó a renovarle el permiso para su planta de generación que desde hace 20 años surtía electricidad a decenas de empresas privadas en Nuevo León.
La CRE argumentó un incumplimiento en el permiso que fue otorgado en 2015 para el parque eólico, pero para construirlo en el municipio Villa de Reyes, en San Luis Potosí, desde donde surtiría a empresas como Gamesa, Sabritas, Pirelli y Maizoro.
En mayo de 2019, sin embargo, Iberdrola pidió a la CRE cambiar el permiso para mover el proyecto al municipio de San Felipe, Guanajuato, argumentando que el terreno de San Luis Potosí estaba arrendado a un tercero.
El pasado 29 de marzo, la CRE negó esta solicitud, pues la Ley de la Industria Eléctrica expresamente prohíbe autorizar cambios de ubicación de un municipio a otro en permisos ya existentes.
La CRE aclaró que, en todo caso, Iberdrola tendría que solicitar un nuevo permiso para la planta en Guanajuato.
Iberdrola argumentó que seguía siendo el mismo proyecto, que la planta seguiría teniendo la misma capacidad de generación y el mismo punto de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.
Actualmente, Iberdrola enfrenta una multa de la CRE por 9 mil 145 millones de pesos, al ser acusada de vender energía a empresas no autorizadas en sus permisos.