El ombudsman detalló que 20 de las quejas fueron promovidas por hombres y seis más por mujeres que se encuentran privadas de la libertad dentro de algunos de los nueve Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad. Además, se radicaron dos quejas de oficio.
Explicó que, derivado de las denuncias, visitadores de la CEDH realizaron revisiones en las cárceles del estado, en las que se tomaron tres fuentes de información: entrevistas con personas privadas de la libertad, la información y documentos presentados por las autoridades y las propias observaciones hechas directamente por el personal de la Comisión.
Añadió que para evaluar la situación del sistema penitenciario, se considera la protección de siete derechos, que son la seguridad jurídica, una estancia digna y segura, la integridad física y moral de las personas recluidas, el desarrollo de actividades productivas y educativas, vinculación social, mantenimiento del orden y aplicación de sanciones y derechos específicos de grupos en situaciones de vulnerabilidad, como adultos mayores o pertenecientes a una etnia.
De la inspección se determinó que hay por lo menos tres centros carcelarios con sobrepoblación, particularmente en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, que tiene una población de 2 mil 727 personas, y el de Ciudad Juárez, que cuenta con 3 mil 777 internos. La población total en penales estatales, al 24 de enero de 2022, es de 8 mil 917 adultos y 81 menores.
Además, prevalecen carencias en cuanto a las actividades laborales para garantizar una reinserción más efectiva de las personas privadas de la libertad que egresen del sistema penitenciario. Por ello, consideró necesario que exista una mejor vinculación con el sector productivo.
Asimismo, señaló que el autogobierno es un fenómeno que no ha podido erradicarse en algunos de los penales estatales, es decir, que personas recluidas desarrollen funciones exclusivas e indelegables de la autoridad.
Abundó en que en algunas cárceles no hay una debida separación entre las personas que ya están sentenciadas y las que permanecen privadas de la libertad debido a alguna medida cautelar.
Pese a las deficiencias encontradas, el titular de la CEDH destacó que se ha mejorado mucho y que se percibe voluntad por parte de las autoridades para avanzar en un tema tan delicado, como él mismo lo ha atestiguado al participar en algunas de las actividades productivas que se tienen en centros como la Unidad de Bajo Riesgo de la ciudad de Chihuahua.
Néstor Armendáriz también consideró que la adquisición del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9 de Ciudad Juárez resultaría benéfica para mejorar las condiciones de hacinamiento que padecen los internos de tres centros penitenciarios.
“Las instalaciones son de las más nuevas en nuestro estado, obviamente está pensado en el internamiento de personas sujetas a una pena o una medida de prisión preventiva y serían mínimas las adecuaciones”, explicó.
De acuerdo con Luis Alfonso Harris Arrondo, autoridad penitenciaria del estado, se han hecho gestiones con la federación para que el Cefereso 9 sea operado por el Estado, lo que sería de gran ayuda para abatir la sobrepoblación en las cárceles, al contar con instalaciones con capacidad para albergar a mil 200 personas.
Sin embargo, además de los acuerdos que se logren con el Gobierno federal, se requerirá hacer una inversión para mantenimiento general, ya que las condiciones en las que se encuentra no son las mejores.
Deuda pendiente
Armendáriz manifestó que una de las deudas pendientes que tiene el sistema penitenciario en la entidad y todo el país es lograr que las personas privadas de la libertad que egresan realmente se reinserten en la sociedad.
Refirió que dicho seguimiento debe velar por que las personas puestas en libertad realmente se integren a la vida productiva y familiar, y esto debe asegurarse desde que se encuentran internadas.
Al respecto, el director de los Ceresos dijo que un 47 por ciento de los internos labora en alguna actividad, remunerada y no remunerada, talleres de autoempleo, actividades de trabajo a cuenta de terceros, o forman parte de los procesos de capacitación para el trabajo.
En cuanto a la reinserción, el presidente Armendáriz comentó que también debe atenderse a los menores en conflicto con la ley, pues se trata de personas que están en formación y desarrollo de su personalidad. Esta situación obliga a ser más cuidadosos con su tratamiento, pero también permite que “cambien de chip” con más facilidad que un adulto y puedan regresar a la vida social.
En este sentido, dijo que los centros para adolescentes infractores cuentan con buenos estándares, pero se debe trabajar más en programas contra las adicciones y para que continúen con su educación y capacitación para el trabajo.
Recomendación por casos Covid
El 30 de noviembre de 2020 se emitió la recomendación CEDH:5s.1.032/2020, dirigida a las secretarías de Seguridad Pública Estatal y de Salud, para que garantizaran la seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad en el contexto de la pandemia de Covid-19, a raíz de diversas quejas por parte de detenidos y de la muerte del “duartista” José Joaquín Lázaro López a causa de complicaciones de esta enfermedad.
Dentro de la recomendación, se pidió a la dependencia llevar a cabo evaluaciones de riesgo continuas para identificar a las personas con mayor riesgo dentro de las poblaciones detenidas, tomando en cuenta a cada uno de los grupos vulnerables; adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a saneamiento; garantizar a las personas privadas de la libertad condiciones dignas y seguras, entre otras.
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