Lo anterior contempla a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, así como de Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de dicha Policía.
En el comunicado respectivo, la FGR detalla que se tratan de siete órdenes de arresto por el tráfico de más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México.
Apuntan a que la excusa de dicho tráfico fue «con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible».
Concretamente, las autoridades federales explican:
«De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.
Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país.
En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín «G” quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro «G”, exsecretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis «C”, coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
Por lo que toca a Genaro «G”, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo», concluye el informe público.
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