Esta situación ha derivado en denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) e incluso ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), por un presunto caso de abuso y acoso sexual de un comandante de la Policía Procesal hacia una agente.
Una de las quejosas, de quien por razones de seguridad se omite su nombre, dijo que fueron 15 agentes de Juárez y 15 de Chihuahua, entre ellos uno de Parral y uno de Cuauh–témoc, que fueron sacados de sus funciones para ser enviados a ese curso que duró un mes y medio y ahora no saben a qué corporación pertenecen ya que ninguna se hace responsable.
“A nosotros sólo nos dijeron que nos mandaban por órdenes de Realivázquez (jefe operativo de la CES en Ciudad Juárez)”, mencionó.
Sin embargo, nunca se les ha entregado un oficio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a la cual pertenece la CES, detalló.
Dijo que les indicaron que serían enviados a un módulo de alta seguridad en el Centro de Reinserción Social para Adultos (Cereso), pero debido a que aún no estaba listo, a algunos los enviaron como policías procesales, en ambos casos, sus superiores les niegan la entrada a laborar y les dicen que se presentarán hasta nuevo aviso o los hacen acudir sólo unos días.
“Uno se presenta a laborar y nos dicen que no nos van a dar entrada, les decimos que por qué, que nos lo den por escrito y se niegan a hacerlo”, mencionó.
Detalló que aunque les siguen pagando su salario, les obligan a firmar faltas como si fuera responsabilidad de ellas.
Debido a esta situación, hasta ayer siete de los agentes que corresponden a Ciudad Juárez ya habían interpuesto la denuncia ante la SFP, en el caso de una de las entrevistadas, con expediente 37-2021-34523.
Los quejosos mencionaron que lo único que solicitan a la SSPE es que se les regrese su trabajo como agentes de la CES.
Presentan querella en la FEM
Una de las agentes afectadas, dijo que la situación de inestabilidad laboral por la que atraviesa fue aprovechada por el inspector de vigilancia de audiencias de Distrito Judicial Bravos, Guillermo D., quien, a cambio de darle un puesto oficial en la Policía Procesal le propuso que accediera sostener relaciones sexuales con él.
Dijo que debido a que se reveló a esa situación, fue víctima de represalias como el que se le dieran los turnos más pesados y que incluso se quedara sin su hora de comer.
La agente interpuso el pasado martes una denuncia en la FEM por los delitos de acoso sexual y abuso sexual en el caso de los tocamientos que le realizó.
Otra de las afectadas, dijo también que fue enviada a un módulo en el Cereso en que se encuentran puros hombres y que ha tenido que atravesar por situaciones de agravio hacia su persona.
“Queremos hacer un llamado a la gobernadora Maru Campos, como mujeres y como trabajadoras para que nos escuche”, expresaron.
El Diario solicitó información al respecto Sahira Castro, vocera de la Fiscalía General del Estado (FGE) instancia de cual depende el Cereso y la Policía Procesal, sin embargo no se obtuvo respuesta.
También se pidió la información a la SSPM sobre la situación laboral de los agentes denunciantes, pero hasta el cierre de esta edición no había sido enviada debido a que se realizaba un análisis de los expedientes.