“Quienes lucran con las personas migrantes o en movilidad han empezado a hacer un gran negocio. Pero no hay que confundir una política de seguridad de combate al narcotráfico con la criminalización de las personas migrantes que quedan en medio, que muchas veces se les acusa de ser ellas quienes promueven la existencia de las redes. Las personas migrantes tratan de sobrevivir y hay gente que se aprovecha, y es importante no confundirlo”, destacó el coordinador local de OIM, Alex Rigol.
Durante el foro “La actualidad de los flujos migratorios en Ciudad Juárez, 2021: ¿Qué hacemos?”, organizado por Iniciativa Juárez y el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM), el activista internacional desglosó las estimaciones calculadas con autoridades y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), en las que la migración irregular de personas extranjeras deja aproximadamente 25 millones 46 mil dólares mensuales como ganancia al crimen en Chihuahua, equivalente a 507 millones 431 mil 960 pesos.
Por su parte, los connacionales que buscan llegar a Estados Unidos con el apoyo de “coyotes” o “polleros” representarían una ganancia estimada de 4 millones 604 mil dólares cada mes al crimen organizado, equivalentes a 93 millones 288 mil 40 pesos, basado en el tipo de cambio del Banco de México, que ayer era de 20.26 pesos por cada dólar.
El ingreso mensual total calculado sería de 29 millones 650 mil dólares (600 millones 709 mil pesos) a las redes de coyotaje, que de acuerdo con las autoridades investigadoras trabajan con el crimen organizado en las fronteras de Chihuahua.
Durante el mismo foro de migración, la investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Inés Barrios de la O, destacó que las expulsiones exprés que realiza Estados Unidos bajo el Título 42 han provocado una mayor presencia del crimen organizado y de tráfico de personas en la ciudad.
Desde el 21 de marzo, el Gobierno estadounidense deporta a los migrantes de manera rápida y sin la opción de solicitar asilo político, bajo el argumento de que representan un riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población, lo que ha llevado a que algunas personas crucen la frontera hasta seis veces, y sean expulsados una y otra vez.
Esta “mayor circularidad de personas bajo el Título 42 también lleva a una mayor presencia del crimen organizado, y sobre todo del tráfico de personas, que es un tema que no hemos abordado tanto, pero es cada vez más visible en los medios de comunicación, ver cómo se encuentran casas de seguridad en la ciudad, tráileres o una concentración significativa de migrantes que están pagando para cruzar al vecino país”, señaló Barrios de la O.
Incluso, se pueden identificar redes de personas dedicadas a trabajar con grupos específicos, como son los ecuatorianos.
Este año la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las organizaciones que trabajan a favor de los migrantes, ya que a partir de abril las corporaciones policiacas, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) han detectado en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez más de 40 viviendas con más de mil 300 personas encerradas en casas de seguridad.
Algunas de ellas han asegurado a El Diario haber estado secuestradas por hasta un mes por los “coyotes” que los trajeron desde Centroamérica con las promesa de llevarlos hasta Estados Unidos.
“Es crítico e importantísimo controlar el tráfico de personas… es súper complicado porque muchas veces los mismos miembros (de las redes de coyotaje) se hacen pasar por víctimas, es bien retador”, señaló el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Guillermo Asiain.
Dijo que la organización había pensado en un Comité de Migrantes, pero la idea ha tenido que evolucionar a planear la creación de un Comité de Tráfico de Personas.
De acuerdo con las propias narraciones de los migrantes, los cobros de los “coyotes” para los mexicanos van desde los 2 mil dólares, únicamente por el derecho a cruzar el río Bravo entre Juárez y El Paso, hasta los 20 mil dólares por traerlos desde países como Colombia o Brasil.