«Nuestra oficina ha recibido información y también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso», dijo el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DICH).
«La oficina ha recibido información sobre estas prácticas con base en perfilamiento racial en aeropuertos, cuando ocurre no se lleva a cabo una información individual, imparcial, independiente, de las necesidades de protección».
Fernández-Maldonado también reprochó el uso de militares en el control migratorio.
«Todavía prevalece un enfoque que privilegia el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales en tareas de control migratorio, este tipo de respuestas no contribuye a los esfuerzos para garantizar una migración segura», dijo.
Al respecto, la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora especial de país para México, cuestionó a las autoridades mexicanas.
«¿Eso está siendo investigado? ¿Tiene el Estado mexicano una identificación de esta situación? Porque de no tenerlo hay un cruce de información entre lo que dice sociedad civil y lo que plantean las instituciones responsables», señaló.
Las preguntas no fueron respondidas por las autoridades mexicanas.
Previamente, el Instituto Nacional de Migración (INM), a través de Ruth Villanueva, directora general de Protección al Migrante y Vinculación, reconoció que las capacidades administrativas se han visto rebasadas, lo que ha retrasado algunos trámites.
Por parte de la sociedad civil, Sofía de Robina, del Centro Prodh, evidenció discrepancias en las cifras oficiales, pues mientras que el INM refiere que la Sedena presentó a 300 personas migrantes, la Sedena refiere más de 156 mil en conjunto con la Guardia Nacional y el INM.